Los riesgos que afrontan las lideresas, defensoras, activistas políticas y candidatas, producto de la violencia y la discriminación, impactan de manera negativa la democracia en el actual contexto electoral.

La abogada Juliet Gómez Osorio, directora de la corporación Colectiva Justicia Mujer  resalta que “la violencia es un obstáculo para la participación social y política para las mujeres, así se constató en la prueba piloto impulsada por USAID para caracterizar el liderazgo en Colombia, en donde se halló que sólo el 24% de las personas que representan a sus comunidades son mujeres, ellas no están en posiciones de ‘liderazgo’ y cuando lo están, la violencia en su contra desincentiva el surgimiento de nuevas mujeres líderes”.

Adriana Peña Peña, profesional de incidencia política de la Misión de Observación electoral, MOE y quien coordina la línea Mujer, Política y Poder en esta institución, explica que “la transversalidad que tiene la cultura machista que ha generado que los escenarios políticos sean únicamente ocupados por hombres, ha obligado a que la carrera que tienen las mujeres hacia la policía sea totalmente distinta, y eso se manifiesta también en la parte económica”.

Según el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, NIMD, en Colombia 6 de cada 10 mujeres electas en 2016, manifestaron haber sido víctimas de violencia política, y el 63% percibió la política como un espacio excluyente con las mujeres. Las violencias contra las mujeres en esta actividad se dirigen y se expresan principalmente en violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica.

La MOE, ha identificado el departamento de Antioquia con alerta roja, y en su monitoreo sobre hechos de violencia política realizado entre el 27 de octubre de 2018 al 27 de junio de 2019, se han registrado 17 hechos de violencia contra líderes, políticos, comunales y sociales; de estos casos, se reconoce a “una mujer del Urabá antioqueño que fue asesinada”.

Por todo lo anterior, se hace necesario que partidos y movimientos políticos y la ciudadanía en general, tomen parte activa en la eliminación de las violencias y la discriminación contra las mujeres, actuando para que su participación en el proceso electoral sea con garantías, se indague por las propuestas electorales y se verifique la inclusión de las agendas construidas por las mujeres en todo el departamento, en los planes de gobierno, y se consolide el mandato de la Ley 1257 de 2008, que en su Art. 9 obliga a las autoridades electas a incorporar en los planes de desarrollo municipal y departamental, “un capítulo de prevención y atención para las mujeres víctimas de la violencia”.

Ambas concluyeron que en este contexto cultural la participación electoral para las mujeres representa grandes retos. Ello explica que de las candidaturas inscritas el pasado 27 de julio, para la Asamblea de Antioquia solo el 34% son mujeres, en tanto para la gobernación no se reportó ninguna candidata.

Desde una mirada local las candidaturas de mujeres para las Alcaldías en Medellín representan 13%, en Itagüí el 37,5%, en Ituango 22% y mientras que en Briceño ninguna mujer esta participando en la contienda electoral para este cargo.

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